La legislación española con respecto a la protección animal no está regida por una centralización de la misma. Aunque existen leyes perfectamente tipificadas en el código penal, son las comunidades autónomas con sus normativas y los propios ayuntamientos, con sus ordenanzas municipales, los que se encargan de aplicar las sanciones en relación al maltrato y el abandono. En este aspecto existe una gran controversia, puesto que lo que está permitido en una comunidad, en otras supone un delito.

Un ejemplo de ello es Cataluña, la comunidad autónoma más avanzada en cuanto a protección animal se refiere, ya que su normativa prohíbe, por ejemplo, el sacrificio de animales abandonados, mientras que en el resto de comunidades cuyos servicios de recogida de animales sean gestionados por perreras, transcurrido un corto periodo de tiempo, son sacrificados. Otra de las grandes diferencias la podemos encontrar en la prohibición de exponer animales es escaparates para su posterior venta o las mutilaciones, como el corte de orejas y rabos por motivos meramente estéticos.

Con respecto a las sanciones por maltrato animal, dependiendo de la comunidad autónoma en cuestión, puede salir relativamente barato maltratar a un ser indefenso. Existe un rango muy diferenciado entre unas comunidades y otras, las multas se comprenden entre 3000 y 150.000 €, y en referencia al código penal, el castigo comprende desde los tres meses al año de cárcel. Por supuesto, cuando se carece de antecedentes penales, no existe la obligación de cumplir la pena de prisión impuesta.

A pesar de las medidas existentes en cuanto a protección animal se refiere, en España tenemos un altísimo índice de abandonos y maltrato animal que quedan totalmente impunes. Las entidades de protección de animales actualmente se encuentran totalmente desbordadas. Las ayudas por parte de la administración a las distintas asociaciones protectoras de animales abandonados son nulas, la financiación de las mismas proviene exclusivamente de donaciones particulares y el funcionamiento interno es llevado a cabo por personas voluntarias.

Dicho índice de abandono se ha incrementado muchísimo más debido a la situación económica que estamos atravesando en nuestro país. Hoy en día las circunstancias personales de la población suponen un grave problema para poder atender las necesidades más básicas de las mascotas. Además el reciente incremento del IVA en los servicios veterinarios impide a muchas personas el poder asumir el gasto más básico en la tenencia de animales, como, por ejemplo, en cuanto a vacunas, microchip y pasaporte se refiere, algo que es obligatorio por ley pero que representa un desembolso económico considerable.

En el momento en que el poder adquisitivo no nos permite afrontar estas obligaciones, se llega a la terrible decisión del abandono, asumiendo en tal caso y con un poco de suerte su cuidado una entidad de protección animal donde, la mayor parte de estos animales acabará sus días o, en el peor de los casos, en una perrera donde ya sabemos todos el final que les espera.

Antes de tomar la gran decisión de adquirir una mascota sea de la especie que sea, lo recomendable es acercarse a un centro veterinario, informarse del coste de vacunas, desparasitaciones y demás necesidades básicas de los mismos y meditar concienzudamente la responsabilidad que estamos adquiriendo.

Los animales no son juguetes, son seres vivos que dependen del ser humano, sienten un gran amor y lealtad por nosotros y, los más importante de todo, sufren. No podemos decidir tomarlos y dejarlos en cuanto la adversidad nos alcanza. Si nos comprometemos, es para toda su vida.

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